Llevar a Nicaragua a la miseria no va a resolver nuestros problemas políticos. La pérdida de miles de empleos causaría una profunda crisis humanitaria.
Adolfo Miranda Sáenz
La congresista estadounidense María Elvira Salazar impulsa,
junto con otros congresistas, un proyecto de ley sobre Nicaragua en el Congreso
de Estados Unidos, mientras el senador
Bob Menéndez y otros senadores impulsan un proyecto similar en el Senado. Ambos
proyectos, entre otras cosas, podrían implicar que Nicaragua sea excluida del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EE. UU.,
conocido como DR-Cafta. También algunos políticos europeos se han referido a la
posibilidad de que Nicaragua sea excluida del Convenio de Asociación de
Centroamérica y la Unión Europea. Esas exclusiones serían supuestamente
sanciones contra el Gobierno de Nicaragua.
La congresista María Elvira Salazar dice que el
Gobierno de Nicaragua “no se puede seguir lucrando con los beneficios
económicos de comerciar con los Estados Unidos”. Pero afirmar eso es un error.
El Gobierno de Nicaragua no comercia con los EE. UU. (ni con Europa). Lo hacen
los productores, comerciantes, exportadores e importadores nicaragüenses, que
son empresarios privados. Los principales y mayores beneficiarios del comercio
con los Estados Unidos y Europa son los empresarios privados y los millares de trabajadores
que en Nicaragua producen bienes para exportarlos, los que trabajan en la importación
de otros productos para comercializarlos aquí, y los ciudadanos nicaragüenses
que necesitan y adquieren los productos importados.
Aunque el Gobierno de Nicaragua de alguna manera indirecta
se beneficie del libre comercio de Nicaragua con EE. UU. y con la Unión Europea
(como sería por los impuestos), dichas
sanciones no afectarían al gobierno tanto como al país con el inmenso daño que
causarían, siendo el pueblo —y del pueblo los más pobres— los mayores
perjudicados. Dañarían a los empresarios, pero principalmente a millares de trabajadores
—empleados, obreros, campesinos—, y finalmente a todos los nicaragüenses (los que
vivimos aquí), no solo por la falta de bienes que dejarían de importarse, sino
principalmente porque la pérdida de miles de empleos condenarían a nuestro país
a una pobreza mucho mayor que la actual. Nicaragua dejaría de recibir grandes
cantidades de divisas que harían falta para adquirir cosas necesarias como
medicinas, por ejemplo, y no habría suficiente dinero circulando desplomándose
así nuestra economía.
El 60% de nuestras exportaciones e importaciones son
con EE. UU. Nuestro país exporta a EE. UU., además de los productos de Zona
Franca, la mayor parte de nuestra producción: carne, café, azúcar, maní, leche,
productos lácteos y otros bienes, generando empleos directos e indirectos para gran
parte de la población. Imaginemos el inmenso desempleo que nos causaría excluirnos
del DR-Cafta o del mercado europeo, si tan solo el cierre de la Zona Franca
sería una tragedia nacional.
El daño para Nicaragua sería de la magnitud de una
crisis humanitaria: más desempleo, hambre, enfermedades y mayor migración. ¿Acaso
no lo vimos ya en otros países? Desde mis principios cristianos, liberales y
democráticos soy un opositor cívico al gobierno, pero estoy en contra de esas
sanciones que afectarían enormemente al pueblo. Llevar a nuestro país a la
miseria no va a resolver nuestros problemas políticos. Sería una decisión
gravemente dañina que muchos nicaragüenses claramente vemos que está en peligro
de tomarse, aunque algunos callan por temor a ser mal interpretados. ¡Pero hay
que decirlo por sensatez y razones humanitarias!
Para la triste y dolorosa situación que vivimos en
Nicaragua hay que buscar soluciones realistas, efectivas para lograr una
solución política viable, pacífica, electoral, y que no empeore la situación del
pueblo que ya ha sufrido demasiado. Es comprensible que nuestra situación no se
pueda entender bien desde fuera, desde otros países, sin estar aquí. Los que
día a día convivimos con el sufrimiento de nuestro pueblo empobrecido podemos comprenderlo
mejor para no exigirle más inmolaciones inútiles y contraproducentes. Esas sanciones
ya se han aplicado en otros países y no han logrado resolver nada, fracasaron
totalmente, dando como único resultado empeorar la situación del pueblo.
