Las personas se unen socialmente para buscar juntos el bien común. La familia, las asociaciones, las empresas, el Estado, la comunidad internacional y cualquier sociedad humana tienen sentido sólo si buscan el bien común, o sea, el bien de todos y de cada uno.
Adolfo Miranda Sáenz
Un principio ético fundamental para los seres humanos, conforme la ley natural, es el principio de “la búsqueda del bien común”, porque los seres humanos vivimos en sociedad precisamente para eso, para lograr ese bien común, que consiste en obtener —en la vida social— las condiciones necesarias para que cada uno, y a la vez todos, logremos realizarnos como personas felices.
Ninguna forma de vida
social, desde la familia, las asociaciones, las empresas, los municipios, el
Estado, hasta la comunidad internacional, pueden eludir la búsqueda del bien
común, porque es su verdadera razón de ser. La familia tiene sentido si en ella
se busca el bien común de todos y de cada uno de sus miembros. El Estado tiene
sentido si se busca el bien común de todos y de cada uno de sus habitantes. La
comunidad internacional tiene sentido si se busca el bien común de toda la
humanidad y a la vez el de cada ser humano en particular.
El bien común solo puede lograrse
con el respeto a los derechos humanos, conviviendo en paz y libertad, en un
Estado de derecho, con respeto del ordenamiento jurídico, con la salvaguarda del medio ambiente, con la
garantía de que todas las personas puedan acceder a los servicios esenciales,
que son, al mismo tiempo, derechos humanos; entre otros, alimentación,
habitación, empleo, educación, cultura, transporte, salud y recreación. Además,
con la contribución que cada país debe aportar, según sus recursos, para el
bien común de toda la humanidad.
Es una tarea difícil procurar el
bien común, porque exige la búsqueda constante del bien de los demás como si
fuera el propio. Pero todos tenemos también derecho de acceder a los beneficios
del bien común. Sigue vigente la enseñanza del Papa Pío XI (en la Encíclica
Quadragesimo Anno de 1931) diciéndonos que es “necesario que la distribución de
los bienes creados se transforme y se ajuste a las normas del bien común y de
la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuan gravísimo trastorno
acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de
fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados” (citado en el Compendio
de Doctrina Social de la Iglesia, No. 167).
Los que ejercen las funciones de
gobernar un Estado están obligados a procurar el bien común, no sólo según las
preferencias de los gobernantes, sino buscando el bien de todos, sin excluir a
ninguno. Para eso se necesitan las instituciones políticas, cuya única finalidad
es hacer accesible a las personas las condiciones y los medios necesarios
—materiales, culturales, jurídicos, morales, espirituales— para tener todos la
oportunidad —real y efectiva— de gozar de una vida digna, plenamente humana.
Buscar el bien común debe ser la razón de ser para toda la sociedad política
organizada en las asociaciones y partidos políticos y en los organismos de gobierno.
Cada Estado debe procurar lograr un amplio consenso entre su población creando las
condiciones necesarias para que se pueda alcanzar, con la participación de
todos los ciudadanos, el bien común.
Éste, como otros principios, muy importantes
para la ética en la vida social, válidos para todas las personas, sean creyentes
religiosos o no creyentes —como parte de la ley natural que está en el sentido
común de los seres humanos—, están magistral y ampliamente desarrollados en el
Compendio de Doctrina Social de la Iglesia publicado por Juan Pablo II en 2004
(sobre “el bien común” ver Nos. 164-170).
